Seguridad vial en el mundo

Los problemas viales no son patrimonio de la Argentina. En todo el mundo hay una profunda preocupación para bajar los índices de siniestralidad y la ONU es una de las organizaciones que se ha puesto al frente de esta cruzada. El flagelo de la inseguridad vial se lleva aproximadamente 1,3 millones de vidas anualmente y deja más de 20 millones de heridos de consideración en todo el mundo. Latinoamérica no escapa a esta realidad, ya que casi un 12% de la totalidad de las víctimas pertenecen a nuestra región (150.000 muertes por año). En Argentina, dependiendo de las fuentes, se habla de un total de fallecimientos de entre 5200 y 7800 personas por año en siniestros viales.

Esta realidad hizo que a partir de la primera década de este siglo la comunidad internacional pusiera especial énfasis en abordar el tema. Así surgió el libro blanco de la CCE en materia de Seguridad Vial y un firme compromiso de la mayor parte de los países europeos en reducir a la mitad el número de víctimas fatales en esos primeros diez años, objetivo que cumplieron gran parte de ellos.

Por el lado de la ONU la estrategia estuvo basada en “involucrar” a los gobiernos en que se comprometieran eficazmente a tratar de mejorar sus situaciones locales. Los puntos neurálgicos estuvieron puestos en la recolección de información fidedigna del número de víctimas y demás detalles que hacen a la siniestralidad, en la generación de entes nacionales y provinciales que se ocupen a fondo de esta problemática y en la dotación de presupuestos, ya sean locales como internacionales, para que estos entes funcionen. Más de 70 países se hicieron eco de los planteos de la ONU. En el caso de nuestro país, en el año 2008, a través de la Ley 26363 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ente que depende del Ministerio del Interior y Transporte.

En la segunda década del siglo, y dentro del marco de lo que se denominó “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, en la que el objetivo es evitar la muerte de 5 millones de personas en 10 años, la ONU puso gran parte de su foco en las empresas. ¿Por qué centrarse en las empresas? Porque su personal participa en lo que se denominan “siniestros in itinere” (entre sus casas y el trabajo) y “siniestros en misión” (utilizando vehículos para desarrollar sus trabajos fuera de la empresa). Como dato ilustrativo cabe aclarar que las aseguradoras de riesgos del trabajo en nuestro país, como en gran parte del mundo, llegan a tener hasta un 50% de su siniestralidad fatal ocasionada por siniestros viales.

Fruto de este enfoque de la ONU y del trabajo de los expertos en seguridad vial de todo el mundo, surgió un estándar internacional conocido como Norma ISO 39001, que lo que promueve es la generación de un “sistema de gestión de la seguridad vial” a nivel empresarial. El objetivo de esta Norma es la reducción y en lo posible la eliminación de las muertes y heridos graves en el ámbito del movimiento cotidiano de las empresas.

La Norma ISO 39001 tuvo una buena acogida en Europa, principalmente en España, donde los mentores de la implementación de la misma fueron mayoritariamente las áreas de Recursos Humanos y también las de RSE, además de las de Seguridad y Gestión de flotas. En la Argentina ya existe un puñado de empresas que han certificado este estándar lo cual les asegura el monitoreo de todo lo relativo a la seguridad vial de sus flotas, e incluso de las de sus proveedores, y que los prepara para lograr la tan ansiada “mejora continua” en temas viales, que abarcan las cuestiones humanas, de los vehículos, de las calles y rutas en las que operan y, como dato saliente, del tratamiento pos-siniestro que van a darle a los potenciales heridos.

Pero los beneficios de la Norma ISO 39001 no terminan en las cuestiones humanas y sociales. También en el aspecto económico se avecinan grandes novedades, porque a los obvios ahorros en daños materiales y personales se le sumarán las negociaciones en los costos de las pólizas de seguros, ya que las empresas capaces de demostrar a través de su sistema de gestión de la seguridad vial las mejoras en su siniestralidad, van a exigir una baja en los costos del seguro.

La Norma 39001 llega al mundo empresarial para generar grandes mejoras a la comunidad en general. Seguramente en los próximos dos años veamos una gran cantidad de empresas procurando obtener la certificación de la misma.

Fuente OVILAM Observatorio Vial Latinoamericano

Nuevo récord de juicios

Los juicios por accidentes de trabajo contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) siguen en aumento y acumulan un stock cercano a los 250.000 litigios. En tanto, las propias aseguradoras prevén “que en 2015 las demandas crecerán 28%, respecto del año precedente. Pasarán de 88.567 a 113.017 nuevos juicios”.
A través de esas empresas especializadas, el sistema de ART cubrió el año pasado a 9.003.968 trabajadores. El precio promedio de mercado de los seguros, que pagan los empleadores, es de 3,4% sobre los salarios.
Con esa mochila a cuestas, las ART advierten que las alícuotas cobradas a las empresas clientes deberán ajustarse hacia arriba en los próximos meses. También sostienen que esa litigiosidad no se condice con la cantidad de accidentes, que se han reducido, ni con las prestaciones que son buenas, a la vez que cuestionan el accionar del Poder Judicial.

Las cifras oficiales marcan que en 2014 hubo 660.954 siniestros laborales. De este total, 443.213 fueron accidentes en el lugar de trabajo, 137.898 accidentes “in itinere” (en viaje entre la casa y el lugar de trabajo), 24.567 enfermedades profesionales y 55.267 casos de reagravación, indicó el diario Clarín.
Es casi la misma cantidad total que en 2011, con un 10% más de trabajadores cubiertos, pero con variaciones. Hubo menos accidentes en los lugares de trabajo, más accidentes in itinere (entre el domicilio y el lugar de trabajo), más reagravación y casi la misma cantidad de enfermedades profesionales.
Según Mara Bettiol, presidente de UART, “la puesta en orden de esta situación está en el Poder Judicial. Que los peritos tomen en cuenta la referencia de la propia ley, como también que las diferentes instancias judiciales velen por la acabada aplicación de la ley”.

“Nos referimos –agrega Bettiol al diario Clarín– a baremos, listado de enfermedades, aplicación temporal de la norma y aplicación de los índices de actualización. Porque justamente es en base a esas previsiones que el sistema opera. Si esos parámetros no se respetan, finalmente se compromete un beneficio adquirido, incorporado y valorado por empleadores, trabajadores y sus familias. Hoy el sistema exige una urgente mirada atenta y equilibrada de la Justicia”.

El problema judicial se plantea a partir de varios fallos de la Corte Suprema que declararon inconstitucional el procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo permitiendo el acceso directo de los damnificados a la Justicia laboral sin tener que atravesar la vía de las comisiones médicas. Además, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reconoció que las indemnizaciones se actualicen desde el accidente hasta el cobro.

Bettiol también sostiene que “desde los servicios y la cobertura el sistema ha avanzado, pero en el plano judicial esto no se refleja en menores demandas. Es una paradoja difícil de explicar. Los accidentes bajan considerablemente, mientras que los juicios suben”.

El abogado Horacio Schick dice que el nivel de juicios está directamente vinculado con la alta siniestralidad, a lo que se añaden un 35% más por los siniestros en el sector informal.

Además, “una parte significativa de estos juicios son por enfermedades laborales no reconocidas por las ART ni por las comisiones médicas, porque las consideran preexistentes, contrariando lo que admite la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

También hay más reclamos porque la Ley 26.773 de 2012 “impide el acceso a la reparación integral del daño, por el régimen de la ‘opción con renuncia’, enviando esos reclamos a la Justicia civil, ratificando el procedimiento de la ley de riesgos declarado inconstitucional por la Corte Suprema”, agrega Schick.

Fuente Iprofesional

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