Distorsiones

Alarmantes distorsiones en los porcentajes de incapacidad por parte de los peritos de la Justicia Laboral. Para los casos que no pasaron por las Comisiones Médicas del Sistema de Riesgos del Trabajo, hay 18,2 puntos de incapacidad adicionales a los que marca la aplicación del Baremo (tabla oficial de incapacidades). Mientras que para los que pasaron por las Comisiones Médicas, hay 15,6 puntos en promedio.

Analizados 250.000 juicios correspondientes al 73,5% del total de juicios en stock de las ART, ingresados previo a la vigencia de la nueva Ley 27.348 (vigente desde el 5/3/17), se observa una marcada diferencia entre lo dictaminado por las ART y por las Comisiones Médicas por aplicación del Baremo y lo dictaminado por la Justicia.

Entre los motivos se pueden destacar:

1. Utilización de tablas diferentes o cita de varias tablas a la vez, sin especificar el criterio, ni el uso realizado de ellas

2. El sistema de remuneración del perito, que cobra en función del resultado de juicio (a mayor porcentaje de incapacidad, mayor honorario)

3. Interpretación diferente del Baremo de Ley o de los porcentajes máximos que permite el Baremo

En los casos sin incapacidad (0%) conforme al Baremo de Ley, los peritos judiciales dictaminan un 19% promedio de incapacidad. Un ejemplo típico de estos casos son los esguinces o dolencia similares, que generalmente culminan sin incapacidad real y conforme al Baremo de Ley, pero en el ámbito judicial el perito le otorga porcentaje de incapacidad física y además una incapacidad psicológica.

En los casos con incapacidad conforme al Baremo de Ley los peritos dictaminan 13 puntos adicionales de incapacidad. Pasando de 9,6 promedio a 22,1% promedio para los casos que no han tenido un paso previo por CCMM y pasando de 13,6 a 23,8 para los casos que han tenido un paso previo por CCMM.

Muchas veces la elusión histórica al paso por Comisión Médica se motiva en la no existencia de una incapacidad real. Casos que luego, producto del proceso y las prácticas periciales judiciales, terminan en algún grado de incapacidad.

De los 250.000 analizados, el 34% cuenta con una pericia médica oficial judicial. Si se verifican estos porcentajes en todo el stock de juicios abiertos contra las ART (al 30/06/2017 son unos 340.000 juicios), considerando además un valor promedio de $ 24.000 por cada punto de incapacidad más los intereses del orden del 36% anual más costas del orden del 35% y de no ajustarse a lo que está previsto en la Ley 27.348 en cuanto a la aplicación correcta del Baremo y la puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense, la cifra involucrada en estos desvíos periciales se transforma en astronómica y totalmente poderosa para mantener el status quo en el quehacer pericial/judicial.

Los motivos favorecedores de esta situación anómala, han sido abordados legislativamente por la Ley 27.348 complementaria al sistema de riesgos del trabajo. Por un lado, instaurando como obligatoria la utilización de una única Tabla de Evaluación de Incapacidades, también determinando que sea el Cuerpo Médico Forense (CMF) el encargado de dictaminar y previendo que hasta que el mismo esté conformado la retribución de los peritos estará en función del trabajo realizado (a diferencia de lo que prevé la Ley aprobada en el Senado el pasado 29/11/17, en la que se estipula retribuir al perito en porcentaje del resultado del juicio/su pericia, ver art. 21 de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal) y NO del resultado del proceso. Como así también se prevé el paso previo obligatorio por las Comisiones Médicas a fin de evaluar objetivamente el daño.

La Ley 27.348 es una herramienta para bajar la litigiosidad, que todavía sigue siendo elevada, pero somos muchos los que estamos trabajando para que baje. El Estado, los empresarios, sindicatos y aseguradoras coincidimos en que la litigiosidad o conflictividad exacerbada no beneficia al trabajador, ni a la generación de empleo de calidad. Nos afecta a todos.

Fuente UART

Consumidores desconfiados

El 45% de los consumidores cree que sus cuentas de correo electrónico o de redes sociales serán pirateadas el próximo año, más que los que suponen que tendrán un vuelo cancelado (36%) o sufrirán un accidente automovilístico (20%). Estos datos y los que se presentan a continuación provienen del estudio “Consumer Intelligence Series: Protect.me 1” elaborado por PwC en donde se reflejan las actitudes de los consumidores sobre la seguridad de los datos, la ciberseguridad, la privacidad, la confianza y la regulación.

Según el informe, es fundamental que las empresas respondan de manera adecuada a las preocupaciones de seguridad cibernética de sus clientes, y que entiendan que, para ganar la confianza de los consumidores, es necesario proteger enérgicamente los datos de los clientes respetando la privacidad individual mientras se buscan formas de monetizar esos datos.

En los resultados de esta encuesta, solo el 25% de los consultados cree que la mayoría de las empresas manejan sus datos personales confidenciales de manera responsable, y solo el 15% piensa que las compañías usarán esos datos para mejorar sus vidas. A su vez, el 88% está de acuerdo con compartir su información personal solo si confía en la compañía y casi el mismo número (87%) dice que llevarán sus negocios a otra parte si no confían en que una empresa maneje sus datos de manera responsable. Sin embargo, el 69% de los consumidores creen que las empresas son vulnerables a los piratas informáticos y los ataques cibernéticos.

“Las organizaciones están cada vez más expuestas a los ciberataques. Quienes cometen estos delitos, generalmente atacan el eslabón más débil de la cadena que suele ser el usuario. La capacitación y la concientización sobre la utilización de las nuevas tecnologías y los recaudos para proteger información sensible resultan cada vez más relevante” comenta Diego Taich, director de consultoría en tecnología y seguridad de PwC Argentina

A la hora de garantizar la protección de los datos, los consumidores quieren que tanto las compañías como el Estado intervengan, pero creen que las primeras tienen una mayor parte de la responsabilidad. Por ese motivo, las empresas deberían hacer más de lo que exige la ley: administrar proactivamente los riesgos de ciberseguridad y privacidad de una manera que va más allá de un enfoque de checklist de cumplimiento.

Con respecto a los datos de los consumidores, ellos quieren tener el control sobre los datos, pero solo un 10% siente que tiene el control total sobre su información personal. También, más de la mitad (53%) dice que haría un esfuerzo para recuperar la información personal de una compañía si tuvieran la opción, y el 71% dejaría de hacer negocios con una compañía por distribuir sus datos confidenciales sin permiso. En consecuencia, si las empresas no protegen adecuadamente los datos de los consumidores, corren el riesgo de sufrir las consecuencias de los reguladores y retroceso de los consumidores que dicen que llevarán sus negocios a otro lado.

Andrés Sarcuno director de Forensic Services de PwC Argentina explica que “tener un protocolo de actuación ante una crisis y responder de formar inmediata es una de las principales acciones que las organizaciones pueden llevar a cabo para minimizar los daños de sufrir un ataque informático y brindar tranquilidad a los consumidores”.

Según el informe, los bancos y sanatorios son los sectores en donde más confían los consumidores (42%), siguiendo por los proveedores de salud (39%), compañías de seguros (26%) y organizaciones sin fines de lucro (24%). Las que menos confianza inspiran son los sectores de entretenimientos, construcción y social media (6%), startups (5%) y marketing y publicidad (3%). En caso de que en alguna de estas industrias haya una filtración de datos, los consumidores están dispuestos a perdonar, pero su confianza solo puede ser recuperada si las empresas implementan cambios reales, aunque ninguna acción va a recuperar a la totalidad de los clientes.

Por último, a medida que la frecuencia y la escala de las infracciones de datos continúan aumentando, también lo hacen las preocupaciones de los consumidores. Para progresar en una nueva economía de datos, las empresas deberían priorizar la seguridad cibernética y la privacidad de los clientes a la vanguardia de su estrategia comercial, generar confianza a través de la acción, implementación de una sólida administración de los datos y brindar a los consumidores más control sobre cómo se usa su información personal, ir más allá de las regulaciones existentes, comprender cómo se sienten los consumidores y ser transparentes al usar nueva tecnología. 

Metodología: durante agosto y septiembre de 2017, PwC y BAV Group encuestó a 2000 personas mayores de 18 años a través de entrevistas online y de video.

Fuente PwC

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